Poder Judicial y Encuestas
ENRIQUE NAVARRO BELTRÁN
Director Unidad de Estudios de la Corte Suprema
En el último tiempo se han realizado por empresas y centros de estudio diversas encuestas que directa o indirectamente se han referido al trabajo de los tribunales de justicia y a la evaluación de los mismos por parte de los ciudadanos. En la casi totalidad de ellas se califica con una baja nota al Poder Judicial.
Lo primero que debe señalarse es que resulta altamente discutible la confiabilidad de algunos de dichos instrumentos de medición, particularmente si se tiene presente que se trata de encuestas telefónicas, en donde la información suministrada por los encuestados es difícil de comprobar y verificar.
Al respecto, resulta fundamental determinar si la persona califica a la judicatura en consideración a una opinión formada por terceros o, por el contrario, por un conocimiento directo de la realidad judicial.
Sabido es que normalmente los medios de comunicación son muy generosos en dar a conocer hechos delictivos, que la ciudadanía suele relacionar con la acción y eficacia de los tribunales de justicia, lo que de por sí es injustificado. En efecto, el aumento de la criminalidad tiene su razón, entre otras causas, en problemas vinculados a la pobreza y al desempleo que obviamente no pueden ser atribuibles a la judicatura.
Además, se suele confundir el “sistema judicial”, en el que participan diversos actores, con el Poder Judicial, al que está entregada la aplicación de la ley al caso concreto.
Por otra parte, es de normal ocurrencia que los abogados evalúen la labor de los tribunales en atención al éxito o fracaso de sus actuaciones profesionales. Cada vez que se pierde un pleito, el letrado suele justificarlo en razones ajenas a la justicia de su causa, prefiriendo atribuirlo a la supuesta “enemistad” de los jueces, “falta de independencia”, “desconocimiento”, etcétera. Pues bien, como resulta que en todo asunto judicial contencioso existen dos partes y todo abogado se encuentra indistintamente en la calidad de demandante o demandado, según sea el caso, es fácil concluir que dichas “explicaciones” ajenas a la causa se multiplican al infinito.
Por otra parte, las razones de la mala evaluación suelen ser muy curiosas. Así, por ejemplo, se habla de corrupción; sin embargo, la Corte Suprema ha sido estrictamente celosa en la aplicación de puntuales sanciones, y los estándares éticos que exhibe la judicatura son incuestionables. Nuestros jueces son probos y realizan su labor con gran dedicación a pesar muchas veces de la falta de una adecuada infraestructura y recursos.
Se dice, por otra parte, que el sistema no funciona y que los procesos son muy lentos. En primer lugar, es el legislador el que ha establecido los procedimientos a que deben sujetarse las diversas materias que conocen los tribunales, por lo que le toca a él mejorar u optimizar los mismos. A su turno, resulta indesmentible la necesidad de crear nuevos tribunales de justicia, con parámetros similares a los que existen en otros países. Sólo en Santiago se habla de la conveniencia de que existan a lo menos cuatro Cortes de Apelaciones. Por último, muchas veces son los propios abogados litigantes quienes, olvidando su calidad de colaboradores de la administración de justicia, se empecinan en dilatar y entrabar al máximo las disputas jurisdiccionales.
Del mismo modo, reafirma lo ya señalado, el que una de las razones invocadas por los encuestados para justificar la pérdida de un juicio sea el que la ley es injusta. Si bien es cierto que en definitiva es el juez el que debe aplicar razonablemente la normativa jurídica, no es menos cierto que de acuerdo a nuestro sistema judicial no puede apartarse de su texto e incluso puede cometer delito si así lo hiciere.
Como puede apreciarse, si bien el Poder Judicial no puede pretender estar exento de críticas, como toda institución formada por seres humanos, la gran mayoría de las mismas se debe al desconocimiento de su labor y a razones por completo ajenas a él, como son el contenido de las leyes, la necesidad de crear más tribunales, una infraestructura adecuada, a lo que se agrega el recargo excesivo de la labor de los mismos, y una leal colaboración por parte de los abogados que intervienen en los juicios. Es indudable la utilidad de las encuestas de opinión, pero ellas deben diseñarse considerando variables medibles atinentes a la administración de justicia, para tener un diagnóstico adecuado, corrigiendo así lo realmente imputable al Poder Judicial.-